La política en general y la función pública en particular deberían ser inseparables de la justicia y de la ética. El funcionario público debe tener como centro el servicio de las personas y el bien común, sabiendo que el bien común va de la mano con los derechos humanos. Como escribió el Papa Juan XXIII “En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana.”
La lucha contra la corrupción es entonces una causa difícil en la que jamás tendremos una victoria segura y definitiva. Pero es una lucha que debemos dar con el fin de que nuestro país vaya mejorando en el “ranking” mundial de la ética y la transparencia y se acerque, más y más, a las naciones que marchan a la vanguardia de la integridad en la función pública.
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